Privados y gobierno critican indicación que prohíbe ofertas atadas a tarjetas

Una indicación formulada por el diputado independiente Karim Bianchi en medio del despacho en la Sala de la Cámara al proyecto de ley Pro Consumidor que impulsa el gobierno encendió las alarmas del propio Ejecutivo, el comercio y el retail financiero.

La polémica indicación que avanzó al Senado propone prohibir los descuentos y ofertas exclusivas asociadas a un medio de pago en particular.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en conversación con DF recordó que esta idea fue presentada inicialmente en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados "y fue rechazada, entre otras cosas, después de la opinión técnica de la Fiscalía Nacional Económica que planteó que ese tipo de restricción perjudica al consumidor, porque le quita opciones de descuentos".

El secretario de Estado reconoció que "nos tomó de sorpresa el hecho de que esta indicación hubiese sido repuesta en la Sala donde obviamente no hay tiempo para un análisis técnico de esa propuesta. Nos parece que ese procedimiento es claramente inadecuado y vamos a hacer los esfuerzos en el segundo trámite para rectificar esa situación".

Fontaine recalcó que "nos parece que es una indicación que no favorece a los consumidores; lejos de eso, los perjudica porque les quita opciones de acceder a productos con un descuento de precios".

La inquietud también se trasladó hasta la Cámara Nacional de Comercio. Su presidente, Manuel Melero, manifestó que "nos llama la atención el contrapunto, precisamente que la aprobación de esta indicación que prohíbe a los consumidores el acceso a promociones por la vía de sus tarjetas de crédito, ofrecidas por los operadores o por los comercios que se relacionan con estas, viene en perjuicio directo a esos consumidores".

El timonel del comercio apuntó que "creemos que no puede pensarse que una disposición de ese tipo vaya inserta en un proyecto de ley pro consumidor".

Los pronósticos de la industria financiera

El revuelo por la indicación agitó también al retail financiero. El vicepresidente ejecutivo del gremio, Claudio Ortiz, advirtió a este medio que la idea que ahora será revisada por la Cámara Alta genera graves consecuencias a toda la economía del país.

"Esta indicación terminará afectando a varios sectores de la economía como también a los propios consumidores. Afectará al mercado financiero en su conjunto y también a otros sectores como es el caso del turismo, los restaurantes, las líneas áreas. En general, terminará dañando a la mayoría de los programas de fidelización", dijo Ortiz.

Agregó que "se traducirá en una significativa reducción de los descuentos que actualmente se ofertan en el mercado, tanto en cantidad como en montos".

El vicepresidente de Retail Financiero explicó que los descuentos especiales que están presentes en el mercado son la conjunción de tres actores: el proveedor, el comercio y el medio de pago. Por lo tanto, son tres los elementos que confluyen en un determinado descuento.

Con este panorama, Ortiz sostuvo que la indicación levantada por el diputado Bianchi y que es apoyada por sectores de la oposición "va en contra de la innovación y la competencia. No se tiene presente en ninguna de las economías de referencia que normalmente usamos. Va en contra del ADN de cualquier empresario que quiere fidelizar a sus clientes. Tiene un efecto bastante global en la economía".

El diputado Bianchi afirmó que la idea de este cambio legal es que "no queremos restringir las ofertas sino que sean reales y universales y que no exista discriminación porque muchas personas no pueden acceder a estas tarjetas o simplemente no tienen por qué querer hacerlo".

Frente a esto, Ortiz indicó que "el proyecto termina discriminando a favor de otros medios de pago. Hay que tener presente que, dada la masificación de los medios de pago, en Chile es absolutamente inválida la afirmación que se hace en esa dirección".

Consultado Ortiz si consideran que la indicación tendría vicios de constitucionalidad, dijo que los "expertos señalaron que es derechamente inconstitucional dado que afectará la libertad económica e implica una discriminación arbitraria".